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La crisis del alquiler que no aparece en las estadísticas

Los datos oficiales describen el mercado formal, pero llegan tarde y dejan fuera a quienes no consiguen acceder a una vivienda



Una familia busca piso en Madrid o Barcelona y encuentra alquileres que superan ampliamente su capacidad económica. Sin embargo, cuando consulta las estadísticas oficiales, las cantidades parecen describir una realidad diferente.
No es una contradicción menor. Es una señal de que España todavía no mide completamente su crisis del alquiler.
El informe Indicadores Urbanos 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística en octubre de ese año, situaba el gasto medio mensual en 902,80 euros en Barcelona y 887,40 euros en Madrid. Pero esas cifras no correspondían al mercado de 2024, sino al ejercicio económico de 2022. 
En un mercado que cambia con tanta rapidez, dos años de retraso pueden separar la estadística de la realidad.

Se mide lo declarado, no todo lo que se paga

Los datos proceden de fuentes tributarias vinculadas a los arrendamientos. Sin embargo, las personas inquilinas no tienen la obligación general de declarar en el IRPF todo el alquiler que pagan.

Son principalmente los propietarios quienes declaran los ingresos recibidos como rendimientos del capital inmobiliario. [sede.agenc...ria.gob.es]

Esto permite observar una parte importante del mercado formal, pero deja varias preguntas sin respuesta:

  • ¿Cuánto cuestan los contratos que se firman hoy?
  • ¿Cuánto se paga realmente por una habitación?
  • ¿Qué sucede con los subarriendos y acuerdos informales?
  • ¿Cuántas personas son rechazadas por no tener nómina, aval o ahorros?
  • ¿Cuántas familias abandonan la ciudad porque no pueden pagar?
  • ¿Cuántos jóvenes no consiguen emanciparse?


Estas situaciones también forman parte de la crisis, aunque no aparezcan adecuadamente en las estadísticas.

Contratos antiguos frente a nuevos precios

Una renta pagada en 2022 podía proceder de un contrato firmado años antes. Por tanto, el resultado puede mezclar alquileres pactados antes de la pandemia con otros firmados durante o después de la COVID-19.
Eso no convierte el dato en falso, pero sí limita su interpretación.
Una familia puede conservar un contrato antiguo de 800 euros, mientras otra debe pagar 1.200 euros para entrar en una vivienda similar. La estadística registra mejor la situación de quien ya está dentro que la barrera que encuentra quien intenta acceder.
Ahí se encuentra uno de los principales sesgos: se confunde el alquiler pagado con el precio real de entrada al mercado.


Personas excluidas tampoco aparecen

El problema más grave no es solo el retraso de los datos. Es la invisibilidad de quienes quedan fuera.

Las personas que no consiguen alquilar no aparecen como inquilinas. Tampoco queda suficientemente reflejada la realidad de quienes terminan viviendo en habitaciones, compartiendo vivienda por necesidad, regresando al hogar familiar o desplazándose hacia municipios periféricos.

Cuanto más excluyente se vuelve el mercado, más personas desaparecen de unas estadísticas construidas principalmente sobre relaciones de alquiler formalizadas y fiscalmente observables.

La estadística mide a quienes consiguieron alquilar, pero no refleja plenamente a quienes fueron expulsados antes de poder hacerlo.



Una estadística útil, pero insuficiente

El Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, SERPAVI, nació precisamente para responder a la falta de estadísticas oficiales estatales suficientemente detalladas. Su creación representa un avance y su metodología reúne información de organismos públicos relevantes. [mivau.gob.es]

Pero las fuentes tributarias no pueden explicar por sí solas toda la realidad residencial. Para comprender la crisis también sería necesario medir:

  • Los nuevos contratos por separado.
  • El alquiler de habitaciones.
  • Los gastos adicionales exigidos.
  • Los contratos temporales.
  • Los acuerdos informales.
  • La demanda que no logra acceder al mercado.
  • El hacinamiento y la convivencia forzada.
  • La discriminación por origen, edad o composición familiar.

Lo que España no mide

Los datos oficiales no son necesariamente falsos. Son parciales, se publican con retraso y pueden utilizarse para explicar una realidad distinta de la que realmente miden.

España conoce los ingresos por alquiler que aparecen en las fuentes tributarias. Pero todavía conoce de manera insuficiente cuánto cuesta encontrar hoy una vivienda, qué obstáculos deben superar las familias y cuántas personas quedan excluidas antes de firmar un contrato.

La crisis del alquiler no está únicamente en los precios registrados. También está en todas las personas que las estadísticas no alcanzan a contar.

Sin información actualizada sobre el precio real de acceso, las políticas públicas corren el riesgo de llegar tarde, calcular ayudas insuficientes y responder a un mercado que ya ha cambiado.

Fuentes oficiales

Por Arelis Guaramato
Sociológa
Gestora social y cultural
CP Docencia para la ocupación 


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